El párrafo 2 del artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece:
«2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.»
La citada declaración fue emitida por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 (México forma parte de la ONU desde el 7 de noviembre de 1945) por lo que constituye un instrumento internacional obligatorio para nuestro país (o, al menos, constituye una manifestación interpretativa del derecho de asociación).
Además, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y culturales «Protocolo de San Salvador», al que México se adhirió desde el 17 de noviembre de 1988, ratificado el 3 de agosto de 1996, dispone:
«Artículo 6
Derecho al Trabajo
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
[…]
Artículo 8
Derechos Sindicales
1. Los Estados partes garantizarán:
[…]
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.»
El artículo 6 transcrito permite considerar como trabajo toda actividad lícita a través de la cual un ser humano pueda obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa, de tal manera que incluye no sólo el trabajo subordinado a un patrón sino, también, el trabajo libre como el de los profesionales (abogados, médicos, arquitectos, contadores, etc.), respecto de los cuales también debe reconocerse el derecho previsto en el artículo 8 del protocolo adicional, en el sentido de que a nadie podrá obligarse a pertenecer a un sindicato.
Por tanto, si se estableciera en nuestro país la colegiación obligatoria para los abogados, como condición para el ejercicio de dicha profesión, tales disposiciones serían violatorias de los instrumentos internacionales referidos y podrían provocar responsabilidad internacional para nuestro país, independientemente de que, a través del juicio de amparo, podría impugnarse su validez por violar el derecho humano a la legalidad puesto que, al haber firmado México, como Estado, los instrumentos referidos, obligan a todos y cada uno de los órganos internos del país y, por tanto, la prohibición referida impide considerar válida una norma interna que obligue a cualquier persona a pertenecer a una asociación o sindicato.
Por lo anterior, la búsqueda de instrumentos o medidas para garantizar el mejor desempeño profesional de los abogados debe encaminarse a otro tipo de medidas, como podría ser el establecimiento de un plazo con vencimiento preciso al título o cédula profesionales o la obligación de presentar exámenes periódicos para demostrar la actualización y, sobre todo, la aplicación estricta de las disposiciones que ya existen sobre responsabilidad profesional.
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